El Ejecutivo declaró una Emergencia Preventiva por marea roja que cubrirá 15 regiones del país y comenzará a regir el domingo 1 de noviembre, según comunicó el Gobierno a través de sus canales oficiales. La medida tendrá vigencia hasta el 30 de junio de 2027 y pretende anticiparse a eventuales episodios de proliferación de microalgas que puedan representar un riesgo sanitario, ambiental y productivo.
La declaración incluye a las siguientes regiones:
| Regiones afectadas |
|---|
| Arica y Parinacota |
| Tarapacá |
| Antofagasta |
| Atacama |
| Coquimbo |
| Valparaíso |
| O'Higgins |
| Maule |
| Ñuble |
| Biobío |
| La Araucanía |
| Los Ríos |
| Los Lagos |
| Aysén |
| Magallanes y la Antártica Chilena |
“Fortalecer el monitoreo, la coordinación y la preparación ante posibles riesgos sanitarios, ambientales y productivos”. — Ejecutivo, a través de sus canales oficiales
La disposición es de carácter preventivo y, según el comunicado gubernamental, no implica necesariamente que exista actualmente una floración nociva activa en todas las regiones incluidas ni una prohibición general de consumo de productos del mar. La adopción del estado de emergencia busca mejorar la capacidad de respuesta de las autoridades competentes ante eventuales episodios de floración algal nociva.
Las mareas rojas, provocadas por proliferaciones de microalgas, pueden generar toxinas que se acumulan en mariscos y representan un peligro para quienes consumen estos productos. Además, dependiendo de la especie involucrada, las floraciones pueden afectar a organismos marinos y a actividades económicas como la pesca artesanal, la acuicultura y el transporte marítimo.
Acciones previstas y alcance
De acuerdo con la información oficial, la emergencia preventiva permitirá intensificar las labores de vigilancia y coordinación entre organismos técnicos y sanitarios. Entre las medidas que se priorizan se encuentran:
- Incrementar los muestreos y el monitoreo de zonas costeras y áreas productivas.
- Coordinar alertas y protocolos entre servicios sanitarios, organismos ambientales y autoridades locales.
- Preparar posibles restricciónes sanitarias puntuales según los antecedentes técnicos que se registren.
La materialización de eventuales prohibiciones o cierres de zonas de extracción de mariscos dependerá de los análisis técnicos y de las decisiones de las autoridades competentes en materia sanitaria y ambiental, según el Ejecutivo. Esas medidas se anunciarán en forma puntual y se aplicarán en función de los resultados de muestreos y evaluaciones científicas.
Fuentes oficiales recordaron además que la declaración no equivale a una alarma generalizada, sino a una herramienta administrativa para anticipar recursos y coordinación ante posibles contingencias durante la próxima temporada, que incluye verano y meses de mayor actividad costera.
Las comunidades costeras, los pescadores y los operadores de acuicultura deberán atenerse a las indicaciones que emitan los servicios correspondientes en cada región y a los protocolos sanitarios que rijan en caso de detectarse toxinas en mariscos. Según el Ejecutivo, la medida busca reducir el tiempo de respuesta ante situaciones que puedan afectar la salud pública y la actividad productiva.
