La Sala del Senado aprobó sin modificaciones el proyecto que fortalece la institucionalidad municipal en materia de seguridad pública y prevención del delito. Con el despacho de la iniciativa, los gobiernos locales contarán con nuevas reglas para organizar y financiar labores de apoyo en terreno, en coordinación con las policías estatales.
Según informó Revista Seguridad & Defensa, el texto busca perfeccionar la aplicación de la Ley 21.802 y establecer un marco específico para el personal contratado con objetivos de seguridad comunal. La regulación contempla aspectos laborales, de responsabilidad y de remuneraciones bajo las normas del Código del Trabajo.
Uno de los cambios centrales es la posibilidad de que las municipalidades utilicen hasta el 25% de sus ingresos propios percibidos para contratar inspectores de seguridad. Ese gasto no podrá ejecutarse de manera automática: deberá contar con una visación fundada de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) y de la Dirección de Presupuestos.
La nueva normativa define a la seguridad municipal como una función complementaria y coordinada con Carabineros y la Policía de Investigaciones. El texto mantiene la separación de atribuciones entre los gobiernos locales y las policías, por lo que los inspectores municipales no reemplazarán las funciones propias de las instituciones policiales estatales.
Protección para el trabajo en terreno
La ley establece exigencias físicas y psicológicas para quienes ejerzan como inspectores municipales. Estas condiciones podrán ser acreditadas mediante evaluaciones realizadas en centros de salud públicos o privados. Además, la regulación fija los tipos de licencia requeridos para conducir vehículos municipales, junto con una exigencia de antigüedad mínima de tres años frente al volante.
Las administraciones locales deberán entregar implementos destinados a reducir los riesgos durante los operativos. Entre los elementos mencionados en la iniciativa se encuentran:
- Chalecos antibalas.
- Cascos.
- Gas pimienta.
- Dispositivos de pulsación eléctrica.
Al mismo tiempo, el proyecto prohíbe expresamente que estos funcionarios porten o utilicen armas de fuego o instrumentos cortantes. De esta forma, el marco aprobado diferencia los implementos de resguardo personal de aquellos elementos cuyo uso está reservado a las instituciones facultadas por la legislación vigente.
Medidas de probidad y control
La iniciativa también incorpora disposiciones asociadas a la transparencia y al funcionamiento de la seguridad comunal. Entre las medidas señaladas durante la tramitación se encuentra la obligación para alcaldes y concejales de someterse a tests de drogas periódicos. El proyecto fue discutido en el contexto de las solicitudes de alcaldes y comunidades por contar con reglas más claras para enfrentar delitos que afectan a los barrios.
| Materia | Regla aprobada |
|---|---|
| Financiamiento | Hasta el 25% de los ingresos propios municipales, con visación de la Subdere y la Dirección de Presupuestos |
| Coordinación | Rol complementario respecto de Carabineros y la PDI |
| Equipamiento | Elementos de protección personal para labores en terreno |
| Armas | Prohibición de portar o utilizar armas de fuego e instrumentos cortantes |
El despacho del Senado cierra la etapa descrita por el medio especializado tras una tramitación legislativa marcada por la discusión sobre las responsabilidades, la preparación y las condiciones de trabajo de los inspectores municipales. La ley establece así un marco común para su contratación, financiamiento, protección y coordinación dentro de las tareas de prevención del delito en las comunas.
